Ley obligaría a soterrar todos los cables en ciudades de más de 50 mil habitantes

La normativa ya fue aprobada en la Comisión de Vivienda del Senado,e impone la obligación a las empresas de enterrar los cables de luz para ciudades de más de 50 mil habitante en 2 años de plazo.

El proyecto, que pasó a la sala del Senado para su cuenta y votación, plantea que en las ciudades de más de 50 mil habitantes se soterren las redes, e incluso las líneas de transmisión, y que las obras sean costeadas por las propias compañías.

Además, la norma -ingresada por moción del senador PS Juan Pablo Letelier- plantea que las empresas concreten esta obligación en 2 años a contar de la entrada en vigencia de la ley.

Reacciones de eléctricas y telecomunicaciones

El secretario ejecutivo de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, señaló que durante la tramitación de la norma han planteado que esta medida tendría enormes costos, pues soterrar los cables tiene una diferencia de entre 8 a 10 veces la de un tendido eléctrico. Y ni hablar de las líneas de transmisión.

En el caso de las distribuidoras de luz, el sector se manifestó abierto a colaborar y a buscar una solución, pero no en los términos considerados en la propuesta legal. Según sus cálculos, presentados a la comisión, el proyecto completo tendría un costo de US$30 mil millones, lo que lo hace impracticable.

En caso de promulgarse la ley, las eléctricas que no cumplan serán multadas. La eventual ley propone que las empresas que dentro del plazo señalado no trasladen sus líneas de transporte y distribución de energía eléctrica estarán obligadas a un pago anual de una multa que irá de 1.000 a 5.000 UTM (entre US$80.000 y US$400.000) que será fijada por la autoridad respectiva de conformidad con el reglamento que se dictará para tal efecto, destinándose los montos a las arcas municipales.

Subirían las cuentas

Otro de los problemas, aclara una fuente del sector, es que esto gatillaría un enorme alza en las cuentas residenciales, pues todas las inversiones que realizan las eléctricas en mejoras de infraestructura, de acuerdo con el ordenamiento legal, pueden ser traspasadas a sus clientes.
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